Alejandro Fernández, Diario Financiero 25/05/2020
El profesor Agustín Squella se preguntaba hace unos días en una columna mercurial por qué tanto temor ante una nueva Constitución. Argumentaba, entre otras cosas, que no sería una hoja en blanco porque no se podía desconocer nuestra tradición constitucional de 200 años, y que el quórum asegura que no se impondrá ningún sector político por sobre otro.
Sin embargo, sería un error desconocer que algunos partidarios de la nueva Constitución han hecho una campaña del terror cuando -seriamente o con ánimo de polemizar- han puesto en duda el derecho de propiedad o han amenazado con que la Convención tome el control de todos los poderes una vez constituida.
Hoy más que nunca, necesitamos actuar en forma responsable. Eso significa tomarnos en serio el proceso, incluyendo sus límites y el espíritu democrático que lo anima.
Por eso propongo como punto de partida de la discusión el proyecto constitucional de Michelle Bachelet de 2018.
Quizá la principal virtud que tiene es que logra un razonable equilibrio entre cambio y continuidad. Por un lado, el proyecto reconoce derechos e instituciones que han sido consideradas fundamentales para el desarrollo del país, como el derecho de las personas a desarrollar cualquier actividad económica; el derecho de propiedad; la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes; y la autonomía de instituciones como el Poder Judicial y el Banco Central. Por otro lado, incorpora el concepto de Estado democrático y social (idéntica formulación de la Constitución alemana), que busca conciliar crecimiento económico con mayor protección social; el reconocimiento de los pueblos indígenas; el deber del Estado de proteger el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural; la igualdad entre hombre y mujeres; y el derecho a la participación.
Por supuesto que su contenido es perfectible y tengo claros reparos sobre asuntos como la judicialización directa de los derechos sociales; la iniciativa legal del Congreso en materia laboral, de seguridad social y en la creación de servicios públicos; y el establecimiento de la gratuidad de la educación superior. A mi juicio, uno de los mayores déficit del proyecto, es que no se hace cargo del problema de gobernabilidad que tenemos actualmente, en especial después de la reforma al sistema electoral.
Para que no hayan dudas: mi propuesta no desconoce el acuerdo del 15 de noviembre. Por el contrario, busca garantizar la discusión constitucional, asegurando un piso mínimo de cambio y continuidad.