Alejandro Fernández, El Líbero 29/07/2021
“No debe existir esa aberración llamada educación particular subvencionada”. “Si se mantienen los colegios privados o las universidades privadas, que no sea con platas públicas.” Estas son algunas de las respuestas que dieron los constituyentes ante la pregunta de Pauta sobre la participación del sector privado en la educación.
Por supuesto que no todos piensan como ellos. De acuerdo con la clasificación que hizo este medio, de los 92 constituyentes que contestaron la pregunta, 48 se manifestaron favorables en mantener la educación particular en condiciones similares a la actual o bien con mayor fiscalización. Sin embargo, no deja de sorprender que los otros 44 constituyentes (el 48%) se manifestaran en el sentido de limitar, restringir o derechamente eliminar la educación ejecutada por la sociedad civil, dándole prioridad o exclusividad a la educación estatal.
Lo anterior no puede dejarnos indiferentes: existen serias posibilidades de que la nueva Constitución restrinja o incluso elimine la educación particular subvencionada, afectando a millones de niños, niñas y adolescentes (nada menos que el 54% de la matrícula). El mismo riesgo corre para la educación superior no estatal. Los problemas que traería una decisión como la señalada no se limitan al (gravísimo) efecto en esas miles de familias que perderán una valiosa alternativa de educación, sino que además afecta directamente la manera en que concebimos nuestra vida en sociedad.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de educación, la decisión de restringir o prohibir el rol de los particulares no solo es una mala política pública bajo el argumento de la ineficiencia del aparato estatal (argumento replicable en otros ámbitos como la construcción de viviendas sociales o carreteras). La existencia de la educación pública ejecutada por agrupaciones sociales es fundamental porque -en primer lugar- es una manifestación de una sociedad civil activa, que no descansa simplemente en el Estado, sino que participa en la provisión de bienes públicos fundamentales, como la educación.
En segundo lugar, la educación ejecutada por la sociedad civil es importante porque favorece la existencia de una sociedad libre, pluralista y que permite el desenvolvimiento de diversas visiones de mundo. En cambio, el Estado tiende a homogeneizar. En el caso de la educación no ofrece alternativas educativas con diversos principios y valores, sino solo un currículum, un modelo educativo y una única forma más o menos soterrada de comprender la sociedad. Con todo, no se trata de restarle valor a la educación estatal, sino solo de recordar la importancia de la educación provista por la sociedad civil como una alternativa valiosa para las familias y fundamental en la configuración de nuestro orden social.
Ante este complejo escenario, ¿dónde está la sociedad civil? Bastante callada, por ahora. Esperemos que más pronto que tarde comience a levantar la voz y sea un actor relevante en este proceso constituyente. De no hacerlo, en el futuro volveremos a preguntarnos ¿Dónde está la sociedad civil? Probablemente no estará, porque el Estado la habrá reemplazado.