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Cuarentena: una oportunidad para conectar con los chilenos



Alejandro Fernández, El Líbero 27/08/2020

Zoom me ha permitido algo que hasta hace poco era impensado: conversar sobre la actual crisis con alrededor de 100 líderes sociales de todo Chile, sin moverme del escritorio. En esas profundas conversaciones han aparecido distintas inquietudes, como los recurrentes problemas que tienen muchas personas para acceder a los beneficios del gobierno, lo que les genera una enorme frustración y angustia.

Por ejemplo Solange, presidenta de una Junta de Vecinos de la comuna de San Ramón, nos señaló que muchos vecinos no han podido acceder a la suspensión de las cuentas básicas, porque “es muy engorroso (…) tenías que escanear el documento, escanear el registro social (…) acá la gran mayoría no tiene internet”. Por su parte, Milena, miembro de la directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Santiago, puso énfasis en la dificultad de los adultos mayores para postular a los beneficios, porque “la mayoría de los viejitos acá viven solos y siguen teniendo solo teléfono fijo”.

Sin mucha expectativa, decidí escribir una carta al diario sobre la brecha digital y a los pocos días fui contactado desde el Gobierno. La ministra de ese entonces, Karla Rubilar, había leído la carta y pidió que se juntaran con nosotros para tener más información y buscar alternativas para corregir el problema.

Cuento esta anécdota, primero para reconocer la actitud receptiva de la actual ministra de Desarrollo Social y Familia, pero también porque ilustra muy bien la falta de canales efectivos de comunicación para que las personas puedan influir en la toma de decisiones de la autoridad. Las cartas al director no son el medio más idóneo para la gran mayoría de los chilenos. Esa falta de escucha de los beneficiarios de las políticas sociales es una de las razones que explican la sensación de desconexión de la política con las personas y la consecuente falta de confianza en las instituciones democráticas. Adicionalmente, la captura política de organizaciones gremiales que debieran representar a grupos importantes de la población (como la CUT o el Colegio de profesores) tampoco logran suplir este déficit, sino por el contrario, lo profundizan.

Si bien la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana estableció algunas instancias de participación como los Consejos de la Sociedad Civil y las cuentas públicas participativas, en la práctica sabemos que no son más que espacios formales, sin ninguna incidencia real.

El debate constitucional y la revolución digital son nuestra oportunidad de pensar en un diseño institucional que permita una participación sustantiva de la ciudadanía, así como también un Estado suficientemente flexible y permeable que pueda procesar e incorporar las diversas miradas de los ciudadanos. En la medida que avancemos en ese camino, no solo tendremos políticas públicas más adecuadas a las distintas realidades, sino también más legitimadas. Cuando los ciudadanos se sienten parte de la decisión están más dispuestos a asumir sus consecuencias, incluyendo eventuales costos.

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