Alejandro Fernández, El Líbero 24/09/2020
Si no queremos que el día de mañana se repita un nuevo estallido social, es fundamental dilucidar si hay algo de la crisis del 18-O que tenga relación con un déficit de la actual Constitución, para de esa forma abordarlo en el proceso de cambio constitucional (cualquiera sea).
Para algunos, la idea de una nueva Constitución sigue siendo solo una “cuchufleta” de la izquierda, que se aprovechó de la situación. Argumentan que “jamás estuvo entre las demandas ciudadanas”. Eso es efectivo, las demandas sociales tenían mucho más que ver con las pensiones, salud o educación. Siempre ha sido así.
¿Entonces qué tiene que ver la Constitución?
Lo particular de esta crisis es que no solo es social sino también política: nuestros representantes han sido incapaces de canalizar y resolver institucionalmente las demandas de la ciudadanía. Basta ver la situación de las pensiones. Hay un diagnóstico compartido sobre la necesidad de reformar el sistema y sin embargo llevan años sin ponerse de acuerdo. Esta dificultad no responde simplemente a que “tenemos peores políticos que antes” o a la ineptitud del Gobierno, sino sobre todo a que el sistema electoral actual no facilita los acuerdos, ya que genera un Congreso muy fragmentado. Hoy no tenemos 1 oposición, sino 5 (de acuerdo a Francisco Vidal). En ese escenario es probable que cualquier gobierno fracase en sus intentos de negociación.
Por lo tanto, necesitamos un sistema institucional que favorezca el acuerdo. Para ello, se deberá reformar el régimen de gobierno y/o el sistema electoral, entre otras cosas. Estas materias son de carácter constitucional. Primera duda resuelta.
¿Con esto se soluciona la crisis de la democracia representativa? No, no existen fórmulas mágicas. Hay un problema más profundo: la enorme desconexión de la clase política con las personas. Nuestros políticos no conocen al país que pretenden gobernar y por lo tanto son incapaces de elaborar un discurso que conecte con las personas y se haga cargo de sus principales anhelos e inquietudes.
¿Qué otras reformas podrían mejorar la conexión con la política? Hay varias. Entre ellas, la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales. Los alcaldes conocen de cerca los problemas de la comunidad (eso explica que hayan salido “mejor parados” que el resto de los políticos) y los pueden resolver en forma más rápida y pertinente (hoy, para arreglar una vereda se pueden demorar varios meses, ya que necesitan al Serviu). La descentralización y los gobiernos locales también se diseñan primero a nivel constitucional.
Finalmente, en octubre vimos una sociedad desorganizada, con una multiplicidad de demandas, sin líderes ni voceros, lo que hizo muy difícil manejar la crisis. Eso da cuenta de que para encauzar institucionalmente las crisis necesitamos también contar con organizaciones sociales sólidas, con presencia territorial, que puedan representar y conectar a sus comunidades con las autoridades. En este aspecto, las constituciones también juegan un rol importante: primero, amparando y reconociendo los cuerpos intermedios y la libertad de asociación (como lo hace la actual Constitución), pero también promoviendo y robusteciendo estos espacios. Ahí también tenemos una tarea pendiente.