"Adempas, en caso que el Estado no resguarde adecuadamente estos derechos, la opción de las familias para elegir el establecimiento que más se adecúa a sus intereses se transforma en mera ilusión. En ese caso, la posibilidad de elegir una alternativa distinta a la estatal quedaría reservada exclusivamente para el 7% más rico del país"
La libertad de enseñanza fue consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como respuesta a los atrocidades acontecidas en la II Guerra Mundial, a fin de proteger a las minorías que fueron excluidas y asesinadas durante los regímenes totalitario y a las cuales se buscó prohibirles hablar su lengua, practicar su religión y vivir según sus costumbres y valores.
Así, esta libertad, que tiene como objetivo que hechos como ese nunca más vuelvan a repetirse, se compone por el derecho de particulares a abrir y mantener establecimientos educativos según sus propias visiones religiosas o morales y el derecho preferente de los padres, por sobre el Estado, a educar a sus hijos de acuerdo a sus propias creencias y valores. Si esta libertad no es protegida, queda abierta la puerta para que los políticos que controlan el Estado nos impongan una forma única de enseñanza.
Además, en caso que el Estado no resguarde adecuadamente estos derechos, la opción de las familias para elegir el establecimiento que más se adecúa a sus intereses se transforma en mera ilusión. En ese caso, la posibilidad de elegir una alternativa distinta a la estatal quedaría reservada exclusivamente para el 7% más rico del país.
Por ello nos preocupa que la propuesta de Nueva Constitución, que si bien menciona la libertad de enseñanza, haya rechazado la libertad de particulares a abrir y mantener establecimientos educacionales y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Preocupa también que se hayan rechazado todas las indicaciones que buscaban consagrar el deber del Estado de financiar a particulares subvencionados, garantizándolo únicamente para los estatales. En similar situación se dejó a las entidades de educación superior no estatales, como nuestra querida Universidad Austral.
Aún hay esperanza de que esto pueda ser enmendado en la Comisión de Armonización y se resuelva la incongruencia que significa definir tan expresa y claramente el financiamiento para unos y no para otros.
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